Por [Camilo de las Casas ]
[Julio 2 de 2015]
El club del anillo es el nombre de un expediente que ronda en la Fiscalía General de la Nación, en el que se muestra la podredumbre del poder. En Colombia hay muchos de esos Clubes. El sometimiento, la sujeción de jóvenes que ingresaron a la carrera policial y que debieron asumir roles para satisfacer los deseos sexuales de sus superiores y de algunos políticos, entre ellos, congresistas que posan de liberales y defensores del proceso de paz del presidente Santos y de otro que hoy se encuentra en un alto cargo del ejecutivo.
En el Club de abusos sexuales se han desarrollo de mecanismos de impunidad como asesinatos, amenazas de muerte contra aquellos que develan esa cadena de coacciones y obligaciones sexuales para autorizar el ascenso al poder policial, en el complejo de pirámide que padece nuestra sociedad. Esos todos, poderosos son intocables e innombrables, otro salvo un alto oficial es nombrable, su nombre es salió a la luz en 2014, el Coronel Gersón Castellanos, pero el guarda silencio, miente y transfiere su responsabilidad
Es tal cual lo que sucede con los altos mandos militares responsables por conocimiento, por dirección o por otra razón, responsables de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas, durante más de seis años, vieja práctica aplicada desde 1985. Ante el informe de Human Rights Watch, siempre desde Santos, el Ministro de Defensa, salen a desmentir, afirmando que eso es mentira, que no hay investigaciones. Entre ellos se encuentra Juan Pablo Rodríguez, hoy Comandante General de las Fuerzas Militares, el que debería ser separado de su cargo, por 28 crímenes sistemáticos de ejecuciones, que ocurrieron bajo su comandancia en la cuestionada Brigada, que todos ya sabemos, y esto, mientras la justicia lo sigue investigando, porque investigación si hay, pero los temores de los Fiscales son muchos. Ya se conoce que ha pasado con el caso del Palacio de Justicia.
El Anillo es entonces no solo es un expediente, es la palabra que puede expresar la existencia de unas logias en el establecimiento. Las imágenes dantescas de los ríos que llevan manchas de petróleos han sido perfectas para ocultar esa podredumbre, y el mal mayor, la responsabilidad de diversos gobiernos en la asunción del poder privado multinacional para definir nuestro ordenamiento territorial, para recibir gabelas y privilegios, a costa de la exclusión y el empobrecimiento en Putumayo y Nariño.
“Estamos aquí para terminar el conflicto y cada paso que damos debe ir en esa dirección. No es posible que mientras hacemos esfuerzos para dignificar la vida en el campo, para promover la sustitución de los cultivos ilícitos, para crear las condiciones de un desarrollo agrario sostenible y responsable, en el entre tanto se den hechos como el que hoy vive Tumaco y algunas otras zonas de nuestro país”, esto se lee en el comunicado del equipo de plenipotenciarios del gobierno de Colombia en la mesa de conversaciones con la guerrilla de las FARC EP, del pasado sábado.
El texto parece ser parte de la respuesta santista a la opinión mediatizada y a la presión uribista. Ambas opiniones emanadas de una interpretación de las acciones militares de las guerrillas convertidas en espectáculo amarillista, que nunca miran más allá de las trágicas consecuencias, repudiables sí, pero que deberían llevarnos al submundo de un ejercicio turbio, torcido del poder público y privado.
El pronunciamiento desde La Habana le permite, de manera inteligente, encubrir la responsabilidad que le cabe a su gobierno y a otros en la consolidación de una economía basada en la extracción minera y petrolera, con ventajas jurídicas, militares y financieras para los privados multinacionales, lo que se ha denominado la seguridad inversionista, que ha significado graves costos ambientales y sociales, negados y silenciados, como las violaciones de derechos humanos.
Las FARC EP tendrá que asumir su responsabilidad sobre éste hecho de guerra en Tumaco, Nariño. Pero asumir estas situaciones para decir lo que no es, eso se llama mentira, y encubrir otro de los anillos multinacionales. Aquí no se trata de defender o justificar o no la acción violenta de la guerrilla, de suyo es parte de su lucha rebelde, se podría cuestionar la eficacia de esa acción para ganar simpatías sociales pero su actuar cuestiona la seguridad inversionista, demuestra que no están derrotadas militarmente y por supuesto, vuelven a llamar a la importancia del cese bilateral.
Las consecuencias socio ambientales de las acciones de las FARC EP con el objetivo de sabotear las operaciones extractivas y cuestionarlas en Putumayo y Nariño, indican que no han adoptado todas las medidas para evitar el vertimiento del oro negro sobre el agua, previniendo su contaminación e imposibilitando su consumo y uso; lo que aparece como una tragedia ambiental está demostrando la importancia de terminar el conflicto armado, pero solamente si existen cambios que nos lleven a otra política ambiental y energética, que es y ha sido destructiva de las fuentes de vida por años en Putumayo y Nariño.
Es bastante risible que el gobierno de la “prosperidad democrática” sostenga que está en la búsqueda de esfuerzos para dignificar el campo. Si así fuera, la ambigüedad de Santos terminarían. El Plan Nacional de Desarrollo es el negocio del suelo con prebendas para los privados, esos son las ZIDRAS, en contraposición a las propuestas de las ZRC y de las proyectadas por las comunidades negras e indígenas. Mientras las primeras asumen la visión de agronegocios industriales, las otras propugnan por la diversidad productiva, las asociaciones cooperativas, la producción limpia o artesanal a menor escala con uso de químicos, la protección de aguas y de bosques. El nuevo ordenamiento territorial, el real, es el ordenamiento minero energético, ese es el que se aupa a través de la paz territorial, están traslapados esos mapas, pues la pax neoliberal es seguridad inversionista, no es seguridad humana ni ambiental. Y esto, para no hablar de lo poco dignificante que resulta el incumplimiento de los acuerdos con los pobladores rurales que se movilizaron en 2013 y 2014. Así las cosas, la mentira es protuberante.
¿De qué sostenibilidad rural pueden hablar? ¿De HidroSogamoso, de HidroItuango, de El Quimbo? ¿De qué sostenibilidad, la que se continúa destruyendo en una Zona de Reserva Forestal como el Curvaradó y Jiguamiandó con lo agronegocios protegidos por los neoparamilitares? ¿O las qué se ejecutan con la italo española Poligrow en Mapiripán, con presencia de paramilitares, creciendo el negocio de la palma, destruyendo fuentes hídricas? ¿O de qué sostenibilidad hablan desde La Habana los delegados de Santos, la que genera GranTierra, Colombia Energy, Vetra o Amerisur, que se burlan de las leyes ambientales, que destruyen bosques, que envenenan las aguas de los ríos principales del Putumayo? O para no ir más lejos, si mucho cuesta conocer lo rural, ¿de qué hablamos de desarrollo sostenible, cuándo más de 100 mil afrocolombianos de Buenaventura, serán sacados por una alcaldía que asume el Plan Maestro de la española Esteyco para la construcción de un Malecón Turístico, que desconoce las propuestas étnico ambientales de las comunidades asentadas en los barrios de Bajamar y en dónde hoy se concentran las operaciones paramilitares?.
Estamos de acuerdo con Humberto De Las Calle, “Los colombianos esperan hechos de paz, no ataques insoportables a la población bajo el manto ficticio de la guerra”. Y esos hechos de paz significan cambios en la política, en la ambiental, en la social, en la militar. Lo cambios no puede provenir solo de los disidentes en armas.
Se trata ya, de que al lado del cambio de una política ambiental soberana, en perspectiva de toda la humanidad, se acompase la verdad sobre las responsabilidades y los responsables, eso es mostrar la verdad sobre los “héroes”. No son las diversas formas de Fueros Penales Militares los que van a resolver el miedo al fantasma de su conciencia y de la Corte Penal Internacional. Se trata de qué inicialmente el presidente Santos y el ministro de Defensa, asuman que hubo ejecuciones extrajudiciales, que reconozcan que 180 batallones, el 95 por ciento de las divisiones del ejército estuvieron comprometidos en esas prácticas entre 2002 y 2008. Tapar el sol con un dedo en nada ayuda.
La distancia de la ética y del poder, sea éste político y militar es evidente con estos Anillos. Insisto que la guerrilla debe asumir sus responsabilidades, pero no solo ellos, nosotros los ciudadanos requerimos que los poderes fácticos, también la expresen. El aberrante y repudiable caso de la Comunidad o Club de Anillo es un síntoma de lo que carcome el poder.
Para construir la paz, la de verdad, se requiere de ambas partes, y no solo de la exigencia a una de ellas, y del uso de su existencia para seguir mintiendo. La verdad debe ser transformante.
Santos podría dar un paso coherente, dejando a un lado la vieja práctica de defensa de lo indefendible, del negacionismo, asumiendo que las Fuerzas Militares son responsables de violaciones de derechos humanos, el costo político con los armados legales puede ser alto, pero dará la altura ética que la paz se merece, la coherencia que las víctimas esperan y con la cual el presidente tiene una deuda inmensa, como con los desaparecidos del Palacio de Justicia y las víctimas de la Operación Génesis, como con las víctimas de las represas y las víctimas del modelo industrial agrario. El negacionismo contribuye a consolidar un ejercicio del poder cimentando en todo tipo de violaciones a la dignidad humana como lo que sucede con estos Anillos.