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La Corporación Jurídica Yira Castro y la comunidad de El Porvenir de Puerto Gaitán, emprendieron una acción jurídica para recuperar 25.930 hectáreas, que correspondían a 27 adjudicaciones que se hicieron ilegalmente, quebrantando la Ley Agraria de 1992. El INCODER expidió la resolución 64-23 en que se establecía que las hectareas fueron adquiridas por Víctor Carranza, quien utilizando a personas de su entorno (como trabajadores de sus haciendas), se hizo a la adjudicación de propiedades que debían parar en manos de campesinos pobres o sin tierras, y posteriormente las englobó a través de empresas. Ante la no apelación de la resolución, el 30 de octubre se puso en firme esa decisión.
Para el Senador Iván Cepeda, si bien esto representa un adelanto en la batalla por la restitución de tierras adquiridas por el paramilitarismo, las acciones especulativas y el testaferrato, esta es apenas una pequeña parte de la gigantesca tarea en contra del despojo de tierras. “Estos avances podrían desplomarse con la Ley de Baldíos que promueve el gobierno” enfatizó Cepeda Castro.