[Foto: Minga Nacional ]
[31 Mayo 2016]
Por lo menos 70 mil campesinos, indígenas y afros de Colombia se movilizan en las vías y carreteras de 27 departamentos, concentrándose en más de cien puntos, en algunos de los cuales la fuerza pública ha agredido violentamente a los participantes, impidiéndoles las garantías para el libre ejercicio de la protesta social y agravando la ya difícil situación de derechos humanos en algunas regiones.
"Se han presentado graves atentados contra la vida e integridad personal, como la muerte en medio de los hostigamientos por parte del ESMAD, del indígena Embera Willington Quibarecama, de 26 años, y las heridas causadas con arma de fuego a Manuel Jovel Dagua, en su brazo izquierdo", denuncian las organizaciones.
En Lizama, Catatumbo y Sutatá, a algunos dirigentes los han fotografiado y grabado, a otros les han pedido números telefónicos, situación preocupante para las organizaciones, pues en ocasiones este tipo de inteligencia ha sido utilizada para atentados y actos de victimización.
Desde antes de iniciar la Minga se orquestó una campaña de difamación, hostigamientos y sabotaje, en la que la fuerza pública y el Gobernador de Norte de Santander aseguró que se trataba de un paro armado, "lo cual legitima, justifica y motiva el uso desmedido y desproporcionado de la fuerza contra los ciudadanos campesinos, indígenas y afrocolombianos que están exigiendo el respeto a sus derechos".
Los miles de pobladores rurales han logrado estar en los lugares de concentración pese a las múltiples intimidaciones. En el páramo de Berlín, los conductores fueron amenazados para impedir que los pasajeros llegaran a los puntos de encuentro. Algunos periodistas de medios alternativos no han podido llegar a cubrir los sitios en los que se desarrolla la Minga.
El Ejército Nacional ha asediado los espacios de concentración en Santander y Boyacá, donde también se han hecho sobrevuelos, perifoneos disuasivos contra las comunidades y distribución de panfletos con la consigna 'Pare el paro'. "Éste no puede ser el tratamiento a la justa y legítima protesta social de parte de un gobierno que se precia de defender y buscar la paz. Sus discursos son solo retórica si se sigue enfrentando de una manera tan brutal a esta Minga", aseguran las organizaciones.
"Queremos decirle que no vamos a aflojar y que a pesar de todo este tratamiento de guerra nos vamos a sostener y vamos a seguir exigiendo los cambios requeridos para el sector agrario nacional. Somos actores civiles y políticos legítimos y no se nos puede equiparar a un grupo armado", agregan, e insisten en que el Gobierno nacional ha incumplido con los acuerdos pactados en 2014, sobre algunos de ellos se ha avanzado pero ni siquiera en un 50%.
"Hay temas como el de la adjudicación de tierras, los proyectos de infraestructura y el tema de garantías y derechos humanos, en los cuales el avance es mínimo o casi nulo. Respecto a la línea de financiación a través del Fondo de Fomento Agropecuario, el Gobierno Nacional se comprometió a invertir \$250 mil millones durante la vigencia de 2014 de los cuales la cumbre Agraria solo ha recibido 40%".
"Lo que pedimos es que se atienda este nuevo llamado de la Cumbre Agraria, realizar cambios de fondo en la política nacional y no solo ofrecer unas migajas del presupuesto nacional con las cuales quiere callar la voz de miles de comunidades", concluyen.