[Foto: Contagio Radio]
[2 Nov de 2016]
Luego de conocer un documento emitido por el Ministerio de Minas y el Ministerio del Interior, en el que se vincula a algunos líderes comunitarios con grupos armados, defensores del agua, la vida y el territorio en la región del Ariari en el Meta, denuncian que se han generado señalamientos y amenazas a quienes se oponen a las actividades extractivas adelantadas por Ecopetrol y Repsol, en los municipios de Acacias, Guamal, Castilla la Nueva, Cubarral, San Martín y El Dorado.
Desde el año 2010, iniciaron las exploraciones en los seis municipios que hacen parte del Bloque denominado CPO 9, y con ellas, también empezaron las amenazas. Edgar Cruz, líder comunitario de esta región, reveló que en meses pasados, empresas, instituciones gubernamentales y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia, "pactaron una reunión con el Ministerio de Defensa para diseñar estrategias de intervención a los territorios".
Añade que los señalamientos generados por el documento de los ministerios, sumados a una posible arremetida de la Fuerza Pública "representa una clara sentencia de amenaza que, pone en riesgo nuestras vidas y la de nuestros territorios".
Frente a ello, organizaciones y líderes exigieron la aclaración de lo enunciado en el documento, para su sorpresa, la respuesta que recibieron fue: “tenemos comprobado que la protesta social esta permeada por grupos al margen de la ley tanto de izquierda como de derecha”, Cruz, añade que “incluso se atreven a decir que algunos líderes tienen vínculos con paramilitares y que cuando las comunidades salen a defender el territorio lo hacen porque están presionadas por estos grupos”.
Además, el defensor del territorio, añade que el departamento de planeación en las ultimas tres semanas “esta desarrollando unos pilotos para realizar una encuesta en 4 zonas del país entre esas los municipios del bloque CPO 9, (…) quieren establecer que organizaciones sociales son las que se oponen a los proyectos, los nombres de líderes y las actividades que desarrollan”, señaló también que “parece que esto coincide con la estrategia que planea la ANH junto al Ministerio de Defensa”.
Ocho de los líderes amenazados, ya adelantaron las respectivos acciones de denuncia ante la Fiscalía, la defensoría del pueblo del Meta, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, colectivos de abogados defensores de Derechos Humanos y ante el Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta. Le puede interesar: Hay 177 amenazas contra líderes reclamantes de tierras en Colombia.
Hasta el momento, no han iniciado las investigaciones pertinentes para poder establecer de donde se origino el documento y el por qué. Cruz manifiesta que desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos “nos están diciendo que no le prestemos atención al documento, pero nos alarma porque realmente parece un documento de inteligencia militar”. Le puede interesar: 2444 defensores de DDHH han sido agredidos en 5 años de gobierno Santos.
Por otra parte, Edgar Cruz resalta que las exigencias de las comunidades de estos municipios, van encaminadas a que “gobernadores, alcaldes y concejales se tomen en serio la sentencia T445, donde se ratifica la autonomía de los territorios y la posibilidad de blindar los territorios de la minería indiscriminada”.
Cruz llama la atención sobre el grave daño que estos proyectos petroleros significan para un ecosistema tan sensible e importante, ya que el piedemonte llanero es una zona de recarga hídrica, que garantiza el flujo del valioso recurso para toda la Orinoquia.
Diferentes organizaciones defensoras del territorio, han “exigido que el Gobierno realice un inventario de las zonas de reserva de agua dulce para saber y conocer cómo debemos defender estos territorios, (…) las empresas extractivas tienen esa información pero, por supuesto no es pública” concluyó Cruz.