[Foto: Agencia Noticias UNal ]
[29 Mar 2016]
Dirigentes de la 'Oficina del Valle de Aburra' a la que pertenece la 'Oficina de Envigado' con presencia en por lo menos 10 municipios del nordeste y suroeste antioqueño, han enviado al Gobierno nacional una solicitud para iniciar un proceso de negociación que lleve a su desmonte.
De acuerdo con Luis Fernando Quijano, director de la ONG CORPADES, estas estructuras deben someterse a la justicia si quieren acogerse a garantías que no impliquen impunidad, teniendo en cuenta que su accionar violento y criminal ha ocasionado 7 mil homicidios, por lo menos 900 desapariciones, implementación de casas de tortura, desplazamiento forzado intraurbano y sometimiento de algunas organizaciones sociales.
La 'Oficina' ha enviado dos propuestas al Gobierno, en la primera, los jefes refieren un sometimiento a la justicia y en la segunda la 'dirección colegiada' plantea que debe otorgárseles reconocimiento político para que dejen las armas, proposición que "no tiene ni pies ni cabeza" porque busca dar un carácter político a una organización que no lo tiene, según afirma Quijano, por tanto es la primera propuesta la que debería ser avalada por la Mesa de Diálogos de La Habana para que se consolide la paz en distintas ciudades del país.
Esta divergencia en las propuestas tiene que ver con que quienes dirigen la 'Oficina' se dividen en tres vertientes, una que aboga por continuar con su trayectoria de violencia y criminalidad, otra que busca reconocimiento político para la dejación de armas y la última, que plantea sometimiento a la justicia, lo que muestra la horizontalidad con diferencia de mandos e intereses en su conformación estructural, como asevera Quijano.
Según Quijano los integrantes de la 'Oficina' podrán contar con garantías judiciales "siempre y cuando desmantelen la estructura tanto a nivel político como económico y militar", lo que implica que sus verdaderos jefes muestren el rostro y sean desmanteladas las 350 bandas que existen en Medellín y las más de 500 del Valle de Aburra, que completan un total de 13 mil personas vinculadas que deben restaurar los derechos vulnerados durante sus más de 30 años de trayectoria, en la que han sido la fachada del 'Cartel de Medellín' y se han consolidado como una estructura que representa "familias, clanes y organizaciones mafiosas", vinculadas al paramilitarismo.
Teniendo en cuenta que "Colombia necesita la paz rural, necesita la paz urbana y que el posconflicto cobije a todos" Quijano concluye aseverando que el Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio del Interior, del de Justicia y del del Posconflicto, junto a la Fiscalía y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, debe ponerse en la tarea de iniciar y consolidar los diálogos urbanos que ya se vienen desarrollando desde hace algunos años, sin que participe la sociedad civil y sin que desde la Mesa de Diálogos haya pronunciamientos frente al tema.