El articulado del Plan de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia”, aprobado por el Congreso de la República, dista significativamente de tener una apuesta para la promoción y el afianzamiento de procesos participativos ciudadanos. El Gobierno nacional en vez de optar por la definición de una hoja de ruta que oriente un conjunto de pactos inclusivos para reducir la polarización y la conflictividad social ha suprimido cualquier iniciativa en materia de fomento de la participación ciudadana que pretenda consolidar un verdadero Pacto por Colombia.
A diferencia del contenido del articulado, las bases iniciales del Plan de Desarrollo plantean tres objetivos y estrategias generales para promover la participación ciudadana. En ellas se menciona la intención de formular políticas que le otorgan mayor efectividad a los espacios e instancias de participación; crear protocolos que permitan la tramitación de conflictividades sociales para cada sector del Estado con base en el diálogo social; y el fomento de la participación de las entidades religiosas y la libertad de cultos. Al final, solo este último quedó consignado puntualmente en el contenido del Plan, seguramente como contrapartida al respaldo que tuvo la campaña de Iván Duque de algunas de las iglesias cristianas más representativas del país.
Es evidente que para el actual gobierno no es una prioridad generar las condiciones necesarias que faciliten la construcción de un pacto nacional. La ausencia de disposiciones y directrices en materia participativa dan muestra de ser un pacto excluyente, en el que se sobreponen los intereses de elites empresariales y políticas por encima de los intereses de amplios sectores ciudadanos. No se perfila la posibilidad de impulsar ejercicios de diálogo encaminados a reducir la violencia, a atacar la corrupción, a la efectiva implementación de los acuerdos de paz y a la discusión sobre un modelo de desarrollo más sostenible y equitativo.
El comportamiento del gobierno ha sido congruente con ese vacío que posee el Plan de Desarrollo. En efecto, no ha dado mayores muestras de reconocimiento al diálogo y a la participación amplia. Su mejor forma de mostrar autoridad y gobernabilidad ha sido a través de actitudes, maniobras políticas y pronunciamientos carentes de sentido democrático. Ello se refleja en el abordaje de la paz desde una lógica de seguridad ligada al control social de los territorios (o quizás seguridad democrática) y no desde un enfoque de construcción de paz de manera participativa, tal como lo exigen las más de cien tareas de participación que contiene el Acuerdo de Paz.
Un ejemplo claro del poco interés en la valoración de la participación son los talleres “Construyendo País”. Aparentemente, aparecen como una apuesta participativa integral y estratégica de la presidencia, pero distan de reflejar un espíritu democrático. Estos solamente intentan rencauchar los viejos “consejos comunitarios” que realizó el expresidente Uribe Vélez, en los cuales se gesta un diálogo asimétrico y unidireccional en favor del gobierno y en los cuales la participación ciudadana tiene una connotación más instrumental.
De no existir cambios significativos por parte del gobierno, se perfila un difícil panorama político y social para Colombia en el que probablemente la protesta social, como forma de participación, experimentará un incremento significativo. Por ahora, no existen indicios de que se presenten cambios. El gobierno se sigue decantando en consolidar un pacto nacional parcializado de la mano de sus simpatizantes, de los miembros de su partido, de los empresarios y del sector financiero, tal como lo ha evidenciado su postura en relación con la implementación del Acuerdo de Paz y las acciones que viene adelantando la institucionalidad creada, especialmente la JEP, para lograr una paz estable y duradera.