[Foto: Vanguardia]
[24 Feb 2017]
A través de un comunicado, el comité por la Defensa de la Vida y el Agua de la vereda Pio XII en Guamal Meta, informó que "policías con cascos, escudos y bolillos" ingresaron de forma violenta sobre las 4:00am al campamento instalado el 9 de febrero, en el que las familias de la zona protestan contra el proyecto petrolero CPO-9 y la construcción del pozo Trogon, por parte de ECOPETROL.
Edgar Humberto Cruz uno de los líderes comunitarios de Guamal, señaló que “abusando de su fuerza y poder” la policía de manera violenta “empujando a uno de los ciudadanos y destruyendo un celular con el fin de que no fueran grabadas las actuaciones”, sacaron a todas las familias “violando el derecho a la protesta pacífica de la comunidad”.
El líder comenta que a pesar de las reiteradas ocasiones que la comunidad ha llamado al diálogo a Ecopetrol y a las instituciones estatales, no ha sido posible que las exigencias de los y las habitantes “sean tenidas en cuenta en decisiones que den cuenta de garantías reales de los derechos de la comunidad”. (Le puede interesar: Sigue firme la defensa del río Humadea en Guamal)
Señaló además que los uniformados que realizaron la operación no se encontraban plenamente identificados, “violando flagrantemente los procedimientos establecidos para esta clase de acciones” y denunció que la personería municipal se ha negado públicamente a realizar sus funciones de orden legal y constitucional a “garantizar el derecho que tienen las comunidades a la protesta pacífica”, argumentando que cumple un rol imparcial bajo un precepto netamente personal.
En la misiva, solicitan a los organismos internacionales defensores de derechos humanos a la comunidad nacional, que “intervengan y exijan una pronta y real solución a la situación que se presenta en el departamento del Meta” como consecuencia de proyectos petroleros y exigen al Gobierno Nacional, dar respuestas efectivas y su presencia en el territorio para entablar un diálogo entre las empresas, autoridades y la comunidad. (Le puede interesar: Proyecto petrolero acabaría con el río Humadea en el Meta)
Responsabilizan al Estado Colombiano, en cabeza de Juan Manuel Santos Calderón, al presidente de Ecopetrol Juan Carlos Echeverry y a la Oficina de Derechos Humanos de la Policía Nacional Seccional, por las violaciones a los derechos humanos “sin perjuicio de los delitos contemplados en el código penal colombiano”.