La desaparición forzada ha sido considerada tanto por tribunales nacionales como internacionales como una de las más graves violaciones a los derechos humanos, al tratarse de un fenómeno que implica la violación múltiple, compleja y continua de derechos como la libertad e integridad personal, la vida y el reconocimiento de la personalidad jurídica. La desaparición forzada ha sido un arma utilizada para infundir miedo e inseguridad no solo para los familiares de la persona desaparecida, sino para las comunidades que los rodean y la sociedad en su conjunto.

(Ver mas: Desaparición Forzada, una lucha por la verdad que persiste )

La Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución A/RES/65/209, decidió declarar el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, no sin antes expresar su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas en diferentes regiones del mundo, además del incremento de las denuncias de hostigamientos e intimidación en contra de testigos y familiares de personas que han desaparecido.

Según datos de la Red Nacional de Información – RNI desde 1985 hasta lo que va corrido del 2019, se ha reportado la desaparición forzada de 157.116 personas en nuestro país. Por su parte, el Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH ha indicado que la cifra asciende a casi 83.000 casos desde 1958 a 2017. Sin embargo, la desaparición forzada va más allá de las cifras, pues trae consigo una serie de daños que pueden ser entendidos por ejemplo desde: la dualidad entre la expectativa de vida y el temor a la muerte, la falta de información, la incertidumbre, la ausencia permanente, la culpa, la anulación de la persona, la impunidad y la indiferencia (Ver: El informe del CNMH, “Hasta encontrarlos: del drama de la desaparición forzada en Colombia).

Atendiendo al dolor que supone la desaparición forzada como una práctica recurrente de los diferentes actores del conflicto armado colombiano, la firma del Acuerdo Final de Paz supuso la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas – UBPD que es una entidad de carácter humanitario y extrajudicial que tiene como fin dirigir, coordinar y contribuir a la búsqueda y localización de las personas que desaparecieron en el marco de la guerra.

Esta tarea deberá ser adelantada por un periodo de veinte (20) años que podrán ser prorrogados por la ley. Sin embargo, como muchas de las medidas consagradas en el Acuerdo Final de Paz, se presentaron demoras en su puesta en funcionamiento y ha tenido que cargar con la amenaza constante de no contar con los recursos necesarios para cumplir con la misión de dar respuesta a los familiares de las personas desaparecidas. Desde diferentes sectores hay un consenso que entre los desafíos que deberá sortear la UBPD están: i) darse a conocer en la ciudadanía y las víctimas, haciendo énfasis en su caracter extrajudicial y humanitario; ii) llegar a todas las víctimas y generar la confianza suficiente que permita su participación activa y sostenida en una dinámica de colaboración continua; iii) adelantar sus tareas en los territorios, especialmente en aquellos los que aún se mantiene o se ha recrudecido el conflicto armado; y, iii) articularse con las instituciones que venían adelantando su trabajo y el SIVJRNR en consolidación.

Esta semana en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada, la Comisión de la Verdad – CEV en conjunto con la UBPD, en la ciudad de Pasto (Nariño) llevaron a cabo un acto de reconocimiento a la persistencia y resistencia tanto de mujeres como de familias, que con el apoyo de personas y organizaciones de la sociedad civil han trabajado incansablemente en la búsqueda de sus seres queridos. Son miles las historias a lo largo de todo el país de familiares que no solo se han tenido que enfrentar a la ausencia e incertidumbre sobre el paradero del que ya no está, sino que además han tenido que emprender un largo camino plagado de obstáculos con el fin de obtener respuestas, de poder reencontrarse o despedirse de una vez por todas y luchar contra la impunidad generalizada para este tipo de casos.

Mientras esto ocurría, se conoció por la opinión pública que la Fiscalía General de la Nación le entregaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un informe, en el marco del seguimiento al cumplimiento de la sentencia contra Colombia por los hechos del Holocausto del Palacio de Justicia, en el que se manejaría la hipótesis de que no hubo casos de desapariciones forzadas sino malas identificaciones de cadáveres y restos que fueron mezclados. Hechos como estos revictimizan a los familiares de las personas desaparecidas, desconocen lo ya establecido por instancias judiciales como la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tratan de ocultar una verdad que es incómoda para muchos sectores.

Aunque el Acuerdo Final de Paz supuso la creación de todo un Sistema de medidas que reconocen a las víctimas como ciudadanos de plenos derechos y buscan satisfacer sus demandas de verdad, justicia, reparación y no repetición, esto no es suficiente. En el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, como sociedad tenemos el deber moral de conocer sus historias, solidarizarnos con su dolor y exigir a las instituciones estatales el cumplimiento de sus obligaciones, pero, sobre todo, entender que esta práctica no puede seguir ocurriendo en nuestro país.

Danilo Sepúlveda - JUSTAPAZ