[Foto: jurisprudenciahoy.]
[José Gregorio Hernández, U. del Sinú]
[26 Ene 2016.]
La presencia de la ONU y el respaldo político al proceso de paz en Colombia que se da a través de la resolución aprobada este 25 de Enero, es garantía de imparcialidad y de presión política para que se haga efectiva la aplicación de los acuerdos de paz luego de la firma del documento final. Así lo señala José Gregorio Hernandez, experto jurista y rector de la Universidad del Sinú.
La imparcialidad de la ONU, es además una señal de tranquilidad para las partes en conversaciones y puede significar un respaldo también a las organizaciones sociales que se han mostrado preocupadas por las señales contradictorias del gobierno nacional frente a las exigencias que el acuerdo contiene y que hablan de reformas en el agro colombiano, la protección de los recursos del Estado y las garantías de vida digna, que se han convertido en necesidades urgentes.
Además, para el jurista la ONU reivindica el mandato por el que fue creada que radica en contribuir a la construcción de la paz y evitar las guerras alrededor del mundo. Otro de los aspectos es que Colombia demuestra que hay un esquema serio en la búsqueda de la paz y por ello se da un respaldo casi que inmediato y al pie de la letra, demostrado en el acuerdo conjunto de las partes en conversaciones.
El plebiscito no es el mecanismo “más adecuado”
Por otro lado, frente al recién aprobado plebiscito por la paz, Hernández afirma que no es muy clara la posibilidad de que la Corte Constitucional avale esta iniciativa y que no está muy de acuerdo por las condiciones con las que se ha fijado. Que el umbral se haya definido en el 15% del padrón electoral estaría abriendo la puerta para que sea una minoría la que define si respalda o no los acuerdos de paz. Para el constitucionalista se podría explorar la posibilidad de una asamblea constituyente.