[Foto: Derecho del Pueblo]
[3 Feb 2017]
Hostigamientos, torturas, abusos sexuales a cónyuges y negligencias médicas fueron algunas de las denuncias hechas por los presos políticos de la cárcel de Palmira Valle, sucesos que llevaron a que el pasado 28 de enero, el interno Brayan Alexis Osorio, se suicidara en su celda.
En el comunicado, señalan casos puntuales de abusos a internos como el de Lukas Mayoma Echavarría, quien fue diagnosticado con VIH antes de ingresar a la cárcel y allí los médicos “siempre dicen que no tiene nada, que está en perfectas condiciones”, el mismo dictamen que dieron a Brayan Osorio, quien había sido diagnosticado en su ingreso como paciente con esquizofrenia. (Le puede interesar: Presos políticos exigen liberación de 180 reclusos en grave estado de salud)
Comentan que el interno Mayoma se encontró una noche en graves condiciones de salud, y al acudir al Dragoneante Arteaga encargado de la guardia, este respondió que “no tiene nada, se hace el enfermo”, los compañeros de celda deciden protestar por el hecho y acto seguido Arteaga se lleva al interno hacia el calabozo y le dice que “si sigue jodiendo lo vamos a gasear y a garrotear”.
Por otra parte, revelaron que las compañeras sentimentales de Jairo Agudelo Ortiz y Lukas Mayoma, fueron sometidas a humillaciones por parte de funcionarios del INPEC, quienes presumieron que las dos mujeres portaban estupefacientes y por ello fueron llevadas a un alojamiento y allí “fueron abordadas por una dragoneante quien les introdujo los dedos en sus partes íntimas, senos y vagina”.
El grupo de presos políticos, resalta que desde hace más de un mes vienen denunciando dichas situaciones perpetradas por el personal médico, la Fiduprevisora y el INPEC, “están sometiendo a los internos a tratos crueles, degradantes e inhumanos (…) como tortura física y sicológica”, pero hasta el momento sus denuncias no han sido atendidas por los entes correspondientes. (Le puede interesar: Con huelga de hambre exigen libertad a 106 presos políticos con enfermedades terminales)
Por último hacen un llamado al Estado colombiano, organizaciones defensores de derechos humanos Nacionales e Internacionales, a la Procuraduría, Defensoría del Pueblo, la Personería y el Equipo Jurídico Pueblos, para que les brinden apoyo y garantías a su integridad.
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