Foto:DGCS UNAM
Por: Natalia Gómez Peña/Democracia Ambiental/ Asociación Ambiente y Sociedad
7 Mar 2017
El próximo mes de junio se cumplirán 25 años desde que se adoptó la declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo con la esperanza de que fuera un instrumento que contribuyera a hacer frente a las graves problemáticas ambientales de nuestro tiempo. Dentro de los principios plasmados en la Declaración, el Principio 10 es quizás el que ejemplifica de mejor manera el vínculo que existe entre la protección ambiental y la garantía de los derechos humanos. El ahora denominado “principio de la Democracia ambiental” establece el acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales como la mejor forma de tratar las problemáticas ambientales y construir gobernanza.
La semana pasada 23 países de la región se dieron cita en el Palacio de Itamaraty, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil en Brasilia para participar en la sexta reunión del comité de negociación del acuerdo sobre el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental en América Latina y el Caribe, y así iniciar la fase culminante de este proceso que tiene como meta de finalización diciembre de 2017, fecha en la cual los países se han comprometido a contar con un acuerdo regional. El tema que tuvo mayor discusión en la reunión fue el artículo 9 del documento en negociación (acceso a la justicia ambiental) del cual se adoptó una nueva propuesta de texto, que será trabajada durante el periodo inter-sesional, y se espera lleve a la adopción de texto convenido en la siguiente reunión del comité a llevarse a cabo en el mes de julio en Buenos Aires, Argentina.
Este proceso de negociación que nació en Rio +20 busca elevar los estándares de democracia ambiental mediante la adopción de un acuerdo regional en esta materia. Con la creación de un acuerdo internacional que efectivice el principio 10 los países de la región buscan contar con mayores instrumentos normativos en la consolidación del desarrollo sostenible. A pesar de los significativos avances que el proceso ha surtido durante estos cinco años, de los cuales tres fueron años de preparación y dos de negociación, aún hay países que parecen no estar tan convencidos de la importancia de tener un rol de liderazgo en este proceso regional. Por ejemplo, durante la negociación México solicitó borrar varios numerales del texto en el artículo 9 sobre justicia lo que consideramos no contribuye a la adopción de un estándar fuerte para la región. Colombia se manifestó de manera similar sobre varios numerales del mismo artículo.
Entre los comentarios de Colombia durante la negociación se manifestó en el artículo 9.1, el cual define el derecho a la justicia ambiental, la preferencia del país por la obligación de facilitar sobre la obligación estatal de garantizar dicho acceso a la justicia. Además, nuestro país solicito eliminar las referencias a establecer órganos especializados en materia ambiental, a las medidas para facilitar la prueba del daño ambiental, y a alentar el establecimiento de criterios judiciales uniformes tales como el principio in dubio pro natura. Lo que más planeta inquietud es que todos estos temas ya hacen parte de la constitución, el marco legislativo o la jurisprudencia nacional en materia ambiental y de derechos humanos por lo que no es clara la motivación del país para querer excluirlos del futuro acuerdo regional.
Para muchos estados de la región, como se ha manifestado constantemente durante el proceso de negociación, Colombia ha sido un modelo en materia de legislación ambiental. Es importante que en este momento en que las negociaciones entran en su recta final el liderazgo ambiental de nuestro país se demuestre contribuyendo a la adopción de un instrumento fuerte, oportuno y vinculante que efectivamente promueva mejores estándares para los países. Es esta una oportunidad histórica para que el compromiso político asumido en la Declaración de Rio de 1992 se materialice con un instrumento de implementación del Principio 10.
Para los países de la región que no cuentan con legislación en estos temas la adopción de este acuerdo es vital para permitirles contar con estándares; sin embargo para los países que ya tienen ciertos estándares, como es el caso de Colombia, el proceso también representa una gran importancia pues es una oportunidad para fortalecer la legislación, contribuir a su mejor implementación y crear nuevas oportunidades para el intercambio de experiencias, el fortalecimiento de capacidades y la cooperación internacional.
La difícil realidad ambiental que viven millones de personas en todo el continente hace necesario que todos los países asuman este proceso de negociación con el compromiso de avanzar hacia la adopción de mejores estándares que contribuyan a mejorar la vida de las personas y a la protección del ambiente y los recursos naturales. En el cumpleaños 25 de la Declaración de Rio el Principio 10 volvió a Brasil e inicio una fase final de consolidación que próximamente dará origen a un acuerdo regional. Es obligación tanto de los países como de la sociedad civil trabajar porque el acuerdo tenga las herramientas necesarias para efectivamente promover una mejor democracia ambiental en la región. Esperamos que Colombia asuma esta oportunidad de renovar su compromiso con el desarrollo sostenible y trabajar por un mejor panorama ambiental para nuestra región.