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Entrevista con [Rocío Silva], representante Coordinadora nacional de DDHH Perú:
53 días de protestas contra el proyecto minero "Tía María" en la región de Arequipa en Perú dejan 5 muertos y más de 200 heridos, mientras el gobierno continúa sin pronunciarse sobre la concesión minera que rechaza el segundo departamento más grande del país y todos los sectores sociales de las poblaciones afectadas.
El proyecto minero "Tía María" fue presentado en 2011, por la multinacional de capital Mexicano Southern Perú Copper Corporation. Es en este momento cuando ya hubo un primer conato de protestas que dejó 3 manifestantes muertos. Entonces las organizaciones sociales de DDHH y afectados de la región demandaron a Naciones Unidas realizar un informe sobre las afectaciones en un futuro en el caso de que se aplicara.
Fue entonces cuando UNOC emitió el informe en el que se advertía de 137 observaciones en referencia daños ambientales y de carácter social y económico para la región.
El proyecto se desarrollaría en una zona árida, por un lado, y en otra zona altamente fructífera conocida como el Valle del Tambo, donde más del 80% de la economía depende de la agricultura. En total 13.000 hectáreas quedarían afectadas por el proyecto y en grave riesgo de secarse el río Tambo.
La afectación en el valle dejaría sin agua para poder cultivar, dejando toda la región sin la zona más prospera donde los agricultores y campesinos dependen de las exportaciones de fruta y verdura.
La concesión minera también afectaría al Puerto de Mollendo, donde se instalaría una desalinizadora con el objetivo de extraer más agua, los residuos vertidos por la planta y la propia infraestructura afectarían ambientalmente al puerto más importante del país que conecta el atlántico con el Pacífico.
En 2014 la multinacional encarga un estudio en el que refleja que las 137 observaciones del informe de UNOC ya se han solventado, se presenta al gobierno, y éste sin verificarlo adjudica la concesión minera para la región de Arequipa.
El anuncio de la concesión dio paso a las protestas que tienen paralizada la región con 53 días de paro local y 72 horas de paro total en Cocachacra, a estas se han unido los estudiantes y las principales centrales sindicales del país.
Según Rocío Silva, representante de la Coordinadora Nacional para los DDHH en Perú, el gobierno está actuando inadecuadamente y en las últimas protestas ya han muerto 5 personas, dos por ataques al corazón, dos por proyectiles de la policía y un policía por una piedra.
Para Silva la violaciones de DDHH están a la orden del día, en especial en el municipio de Cocachacra, donde la policía ha sido grabada sembrando armas a campesinos.
La representante de DDHH también afirma que el ejército esta patrullando en la región y que el gobierno permite que la policía sea subcontratada en secreto por las multinacionales para ejercer su defensa.
Además hoy ha sido detenido el conocido líder antiminería Pepe Julio Gutierrez, conocido como el "Lentejas", en otro acto más de represión del gobierno que esta actuando como abanderado de la multinacional.