Foto:Taringa.net
A tres meses del atentado contra la revista satírica Charlie Hebdo, en la que murieron 17 personas, incluidos dibujantes de la propia revista, el gobierno francés está preparando un proyecto de ley para permitir a los servicios de inteligencia actuar sin orden judicial.
El ministro del interior Manuel Valls presentó el polémico proyecto de ley este lunes, según el propio ministro para poder combatir el yihadismo islámico y defender a Francia del terrorismo.
El proyecto de ley dotará de más recursos a los servicios de inteligencia pero sobre todo cambiará su control judicial a un mero control administrativo y político del mismo. He aquí la polémica al poder ser usado partidariamente y al servicio del partido gobernante o de las fuerzas de seguridad públicas.
Los servicios secretos de inteligencia podrán espiar redes sociales, solicitar datos privados a compañías telefónicas o empresas de información que se verán obligadas a facilitar los datos.
También se pretende legalizar prácticas que hasta ahora entraban en la ilegalidad o no estaban reguladas como la instalación de micrófonos en domicilios particulares. Entre las prácticas más polémicas está la de entrar en los domicilios sin la autorización de un juez.
Los agentes podrían actuar en una situación de emergencia sin autorización previa, exceptuando a jueces, abogados y parlamentarios.
Con la propuesta del ministro del interior para la actuación de los servicios de inteligencia será necesaria sola la autorización del ministro del interior que podrá contar con la opinión de una Comisión Nacional de Control de Técnicas de Información compuesta por 4 parlamentarios, dos magistrados, dos miembros del consejo de estado y un experto en telecomunicaciones.
El anuncio coincide con la publicación en el periódico “Le Monde” sobre un artículo que habla de que los servicios de inteligencia actualmente tienen una base de datos ilegal donde acumulan todo tipo de información privada sobre cientos de ciudadanos franceses.
La futura ley va enmarcada en las políticas contra el yihadismo de la UE, que justificándose en las amenazas terroristas, están poniendo en funcionamiento mecanismos legales que atentan contra la libertad de los ciudadanos y que según la ONU y numerosas organizaciones sociales de DDHH constituyen una clara violación de los DDHH.