Foto: Contagio Radio

Por Nicole Jullian

11 de mayo de 2018

El Consejo de Estado acaba de suspender provisoriamente los actos administrativos mediante los cuales la Procuraduría General de la Nación declaró, en septiembre de 2013, disciplinariamente responsable al profesor de la Universidad Nacional, Miguel Ángel Beltrán. Esto significa que las sanciones de destitución e inhabilidad general para el ejercicio de cargos y funciones públicas quedan suspendidas, hasta tanto el Consejo de Estado presente la decisión de fondo, la cual puede tardar años. Por lo pronto, el profesor Beltrán retornará a sus labores académicas en el departamento de sociología de la Universidad Nacional.

Nicole Jullian: Respecto a los reiterados actos de injusticia inferidos en su contra, esta vez le tocó al Consejo de Estado pronunciarse sobre dos problemas jurídicos: Uno, si el procurador puede o no ejercer la potestad disciplinaria sobre docentes vinculados a universidades públicas. Dos, si los actos administrativos acusados se sustentan o no en pruebas ilícitas e ilegales. ¿Qué sensación le deja este fallo?

Miguel Ángel Beltrán: En primer lugar este pronunciamiento del Consejo de Estado es muy claro en ratificar lo que siempre sostuvimos junto a la defensa respecto a las irregularidades que han acompañado al proceso administrativo. Este fallo muestra explícitamente las diferentes faltas al debido proceso contenidas en la sanción administrativa en mi contra, situación que condujo a mi destitución como docente de la Universidad Nacional y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por 13 años. En ese sentido yo diría que este pronunciamiento del Consejo de Estado es un paso importante, por no decir decisivo, pues en este momento me han concedido las medidas cautelares, y obviamente toca esperar que el Consejo se pronuncie en profundidad. No obstante, este fallo marca con argumentos jurídicos de peso los lineamientos sobre los cuales se sustenta la suspensión de la sentencia impuesta por la Procuraduría. Creo que la
sentencia de fondo difícilmente podría superar el fundamento de la suspensión provisional aquí expuesto.

NJ: En el fallo el Consejo de Estado también se pronuncia sobre si el Procurador puede o no ejercer la potestad disciplinaria sobre docentes vinculados a universidades públicas. Si bien el Consejo de Estado le da la razón al Procurador, el fallo es más amplio y da para interpretar más cosas respecto a la autonomía universitaria. ¿Cuál es su opinión al respecto?

MAB: Otro de los temas que yo y la defensa venimos trabajando respecto al procedimiento irregular de mi destitución tiene que ver con la violación a la autonomía universitaria. Si bien el fallo reconoce constitucionalmente el poder preferente que tiene la Procuraduría sobre los servidores públicos, hay un párrafo que, si me permite, me gustaría poder citar: “para los órganos de control interno y para la Procuraduría General de la Nación las libertades esenciales del ejercicio del derecho a la educación, es decir, libertad de catedra, libertad de investigación y libertad de expresión, se imponen como límites al ius puniendi estatal tanto en el diseño de las normas como en los procedimientos”. Entonces a mí me parece que este fallo abre ahí una puerta interesante pues está señalando, que si bien hay un poder preferente de la Procuraduría, al mismo tiempo ese poder tiene límites frente a unos derechos esenciales y fundamentales propios del ejercicio educativo y académico. Entonces este debate cobra mucha actualidad en momentos que hay toda una ofensiva por restringir todavía más la autonomía universitaria. La autonomía universitaria debe reivindicarse hoy con mayor razón cuando cumplimos 100 años de la reforma de Córdoba, que es un principio fundamental para el funcionamiento de la universidad y para que el conocimiento pueda desarrollarse libre de la injerencia de los poderes económicos, políticos y religiosos.

NJ: La persecución y la represión que organizó el Estado hacia su persona generaron un sinfín de afectaciones. El ciudadano logra discernir que a usted lo encarcelaron injustamente, que lo destituyeron y lo inhabilitaron, pero aquí hay más: hay un daño evidente al proyecto de vida de Miguel Ángel Beltrán, como académico, intelectual, padre de familia y ser humano. ¿Quiero que nos cuente cómo es que se sobrevive con estos agravios? ¿Cómo es que se pueden superar?

MAB: Si, yo quisiera hacer visible las múltiples afectaciones tanto a mi proyecto de vida como a la cotidianeidad misma, y las afectaciones que se extienden a los familiares y a la academia. Generalmente cuando uno sufre este tipo de agravios la prensa de medios masivos se encarga de visibilizar el lado negativo, casi que profiriendo un nuevo juicio y mostrando que el afectado se las merece. Pero hay muchas otras afectaciones que pasan casi que inadvertidas. Luego de mi absolución en lo penal, este año y medio para mí ha sido difícil en términos familiares y económicos, en lo que respecta a reconstruir el proyecto de vida y mi proyecto académico. En estos casos lo que persigue el Estado colombiano es prácticamente aniquilar a la persona. Se trata de un aniquilamiento no sólo físico, sino que también espiritual e intelectual. Para mí esto empezó en México, en el año 2009, cuando producto del secuestro orquestado por el Estado colombiano mis estudios de postdoctorado se vieron interrumpidos. Luego pude continuarlos en Argentina, pero el daño a mi libre desarrollo intelectual ya estaba cometido. En otro plano, también tuve que afrontar dos veces situaciones ilegales de detención y dos veces la injusta privación de la libertad en condiciones lúgubres, que es la realidad que acompaña la detención intramuros. Y es que de entrada la violación al debido proceso se encarga de generar un sinfín de otros agravios. Mientras amplios sectores de la academia avalaron esta persecución, personas que solidarizaron con mi situación fueron blanco de amenazas y estigmatizaciones públicas. En este sentido para mí no es suficiente que se reconozca el “error” en la argumentación judicial, se diga que el profesor es inocente y se determine que pueda volver a la universidad. Creo que este es un buen momento para mostrar que en Colombia estas prácticas represivas han contribuido a alimentar el conflicto armado y que lo que queda finalmente es la impunidad y afectaciones que nunca reciben la reparación debida.

NJ: A pesar de la destitución usted siguió activo en su trabajo intelectual y siguió dando conferencias por fuera de la academia formal. Es más, su último libro »Las FARC-EP (1950-2015): Luchas de ira y de esperanza« se publicó mientras usted estaba en la cárcel. Pero ahora usted vuelve a ejercer su cargo de docente en la universidad ¿Cómo se siente volver a la academia formal después de estar tantos años por fuera de ella?

MAB: Evidentemente la persecución política hacia mi persona buscó silenciarme e inhabilitarme en la vida pública, pero no sólo a mí, sino que a todo este sector de la academia crítica que le apuesta a un ejercicio académico diferente y que se escapa a los modelos convencionales que pretenden hacer de la universidad el único espacio válido para la producción de conocimiento. No obstante estoy convencido que el objetivo de silenciarme no se logró, pues hubo un sector importante de la academia que siguió  solidarizando con mi situación y cumpliendo con la tarea de producir conocimiento crítico. Desde un punto de vista ético y político para mí resultaba imposible doblegarme ante el silencio. Por lo mismo es que tomé la decisión de aprovechar, entre comillas, estos nuevos espacios a los que fui remitido por la injusticia. Gracias a la convivencia en la cárcel con guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y delincuentes comunes es que puede conocer más a fondo el significado de nuestro conflicto. Mi último libro es una propuesta en esa perspectiva de que es posible y necesario construir una academia crítica. La universidad debe ser un espacio plural, aunque las arremetidas son cada vez mayores en el sentido de hegemonizar y de uniformizar la función educadora de la universidad. Mi perspectiva actual es reintegrarme nuevamente a la Universidad Nacional y desde ahí colectivamente seguir por la apuesta de una academia crítica, por una universidad pensante y reflexiva que no le huya a los problemas sociales para encerrarse en su torre de marfil a convivir con el conocimiento autoreferente.

NJ: Esta semana arrancó la Comisión de la Verdad y Alfredo Molano sostuvo que esta Comisión tiene una tarea principal: esclarecer una verdad histórica oculta y muchas veces falsificada. En este contexto, su caso es digno de que sea analizado por esta comisión. ¿Qué mensaje les quisiera hacer llegar a la Comisión de la Verdad?

MAB: Precisamente en estos días se ha hablado de que la Comisión de la Verdad debería poder rescatar la fe en el proceso de paz. Esa propuesta es interesante, pues en este país hace mucha falta la verdad y también hace mucha falta empezar a superar la impunidad. Casos como el mío, más allá de que pueda sonar autoreferente, son representativos de lo que sucede en Colombia respecto a cómo actúan en la realidad el aparato judicial y las instancias estatales de poder. Y es que es necesario poder explicarle a la sociedad cómo es que la Procuraduría General de la Nación bajo el mando de Alejandro Ordoñez pudo perjudicar arbitrariamente a personas y pudo contribuir a que este conflicto se potenciara más. En ese sentido y volviendo a mi caso, yo pienso que es muy importante que a través de la Comisión de la Verdad se diga quién estuvo detrás de toda esta persecución, quién coordinó el complejo montaje judicial en mi contra y desde qué instancias de poder. El ex presidente Uribe en su momento llegó a señalar ante la prensa que yo era un guerrillero de las FARC, un terrorista peligroso. Uribe coordinó con el ex presidente mexicano Felipe Calderón mi secuestro desde suelo mexicano, el General Naranjo también dio declaraciones antes la prensa acusándome que yo estaba coordinando células terroristas en la UNAM de México y muchos académicos se sumaron a estas deshonras públicas asintiendo que mi presencia correspondía a la infiltración de guerrilleros en la academia. Creo, entonces, que la Comisión de la Verdad debería poder asignar responsabilidades en este hecho, pues los actos fueron ejecutados por personas con nombre propio. De lo contrario seguimos alimentando la impunidad y así resulta imposible pensar en la superación efectiva del conflicto.

NJ: Lo quiero llevar a la relación Estado-Sociedad, es decir a la realidad material del Estado. En un caso personal como el suyo y a través de los muchos agravios que le ha inferido el Estado colombiano evidenciamos lo que el historiador Renán Vega define como terrorismo de Estado. Por otra parte, en estos días volvemos a constatar el más craso abandono de las obligaciones del Estado respecto a respetar, proteger y garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de líderes y lideresas sociales que trabajan por consolidar la paz en los territorios. Observando el comportamiento del Estado en estos dos ejemplos, el planteamiento de una transición hacia una paz estable y duradera parece una broma de muy mal gusto. ¿Cómo es entonces que la sociedad colombiana podrá consolidar un gran pacto social por la paz? ¿Cuándo es que la sociedad colombiana podrá decir ¡nunca más!?

MAB: Yo comparto plenamente la conceptualización que hace el profesor Renán Vega sobre la existencia en Colombia de un terrorismo de Estado. Es un planteamiento relevante y actual, toda vez que hay un sector de la academia que insiste que Colombia es una democracia por el simple hecho formal de que hay elecciones, ensombreciendo así una parte importante de lo que ha sido la historia de este país entorno a la persecución, al extermino físico del adversario, a la lógica del enemigo interno y al poder judicial como un aparato de guerra. En estos momentos en que nos encontramos en una coyuntura post- acuerdos esperando la implementación de lo pactado en La Habana, uno observa que estamos muy lejos de que se puedan cumplir muchos de los puntos ahí pactados. Uno de ellos que me parece fundamental es el que tiene que ver con la posibilidad de que en Colombia el disidente pueda expresarse libremente sin que sea asesinado. Pero la realidad más bien nos muestra en estos dos últimos años un incremento acelerado de las cifras de homicidios en contra de líderes sociales, defensores de derechos humanos y ex guerrilleros que de buena voluntad tomaron la decisión de abandonar las armas y apostarles a un cambio por la vía del diálogo político. A mí me preocupa mucho la indiferencia con que la sociedad acepta estos hechos sin levantar masivamente su voz de protesta. También el caso de Santrich es preocupante en circunstancias que sabemos cómo convive la justicia colombiana con aparatos externos como la DEA, además que se está desconociendo lo acordado en torno a las competencias de la Jurisdicción Especial para la Paz. En ese orden de ideas, a mí me parece que en Colombia el derecho a la vida, el derecho a la justicia, a la verdad y a la no repetición no se cumplirán por iniciativa estatal o por un pacto entre actores negociadores. Más bien creo que todas las fuerzas políticas y sociales que le estamos apostando a una paz con justicia social tenemos que ser capaz de converger en un
movimiento que efectivamente haga posible un ¡nunca más! en Colombia. De no lograrlo, lo que estaríamos sembrando son las semillas para un recrudecimiento de la violencia y del conflicto armado como ya ha pasado en otros momentos de la historia colombiana cuando se dieron proceso de paz frustrados que conllevaron al fatídico fortalecimiento del conflicto.

NJ: Ya cerrando esta entrevista y en vista que usted está hoy de cumpleaños, le voy a conceder este espacio para que usted diga unas últimas palabras.

MAB: Sin duda yo quisiera expresar públicamente mis agradecimientos al equipo jurídico liderado por David Albarracín y por Jorge Salcedo. También a todos los medios alternativos de prensa que estuvieron siempre apoyando y difundiendo lo que realmente estaba ocurriendo y abrieron los espacios para difundir mis ideas, en especial a todo el equipo de Contagio Radio. A todos mis colegas que a nivel nacional e internacional
solidarizaron con mi situación, a la Asociación Sindical de Profesores Universitarios – ASPU, a la Internacional de la Educación, a todos y todas las estudiantes que rechazaron activamente mi destitución proponiendo corregir las fallas que evidencia el funcionamiento de la universidad. A la oficina de la diputada Heike Hänsel en el parlamento alemán por la permanente veeduría internacional ofrecida a mi caso, a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, a Justice for Colombia del Reino Unido y, no por último a una defensora de derechos humanos que pidió guardar su identidad. El listado es grande y desde ya mis disculpas si he olvidado a algunas personas u organizaciones. Este triunfo es colectivo.