[Foto: @GustavoBolivar]
[19 Oct 2018]
Ante la aprobación en primer debate el Proyecto de Acto Legislativo con el que se buscaría unificar los periodos de alcaldes y gobernadores con el del presidente, diferentes sectores políticos criticaron la iniciativa porque implicaría extender el periodo de los actuales administradores locales y regionales hasta 2022.
Daniel García-Peña, profesor de la Universidad Nacional sostuvo que es desafortunado desde diferentes puntos de vista unificar los periodos de departamentos y municipios al proceso electoral, porque ello significaría volver a los "viejos tiempos del centralismo", cuando lo local estaba subordinada a la lógica nacional. El catedrático recordó que la Constitución del 91 separó los periodos, logrando que las dinámicas electorales y políticas tuvieran 'juego' propio, independientes de la política de la capital.
Desde ese punto de vista, unificar los periodos sería negativo para la democracia participativa porque "establecería una dependencia de los sistemas locales a los partidos y redes clientelares a nivel nacional"; hecho que para García tiene nombre propio, pues partidos "que funcionan en torno al clientelismo" como La U, Cambio Radical, Conservador y Liberal se verían beneficiados. (Le puede interesar:"¿Qué implica la unificación de los periodos de alcaldes, congresistas y presidente?")
Por otra parte, el académico resaltó que con la unificación de periodos, los planes de desarrollo locales estarían sujetos al plan de desarrollo nacional, es decir, "en Bogotá se deciden los temas de presupuesto y planificación, y en los municipios se aplica lo que dice la capital". Situación que para García sería un retroceso para el sistema democrático colombiano, considerando que antes de la Constitución del 91, alcaldes y gobernadores eran elegidos desde la capital.
El miedo a la oposición
García indica que existe un elemento perverso en tratar de aplazar las elecciones locales, pues se estaría buscando evitar lo visto en los comicios que se llevaron a cabo este año. El académico puntualizó que con las elecciones presidenciales, para congresistas e incluso, la consulta anticorrupción, se observó un aumento de la capacidad electoral de los movimientos progresistas; razón que tendrían los partidos tradicionales para "poner distancia" entre las próximas elecciones y el momento político que vive el país.
No obstante, el docente expuso que congresistas como Rodrigo Lara, de Cambio Radical, y algunos voceros del Centro Democrático, se han manifestado contra la iniciativa; por lo tanto, cabe la posibilidad de que la misma se hunda en alguno de los 7 debates que restan en las comisiones primeras de cámara y senado, o en las plenarias de ambas corporaciones.
Al proceso le restaría además el control por parte de la Corte Constitucional, situación relevante, pues como lo manifestó García, "la iniciativa es completamente inconstitucional, porque la ciudadanía entregó un mandato a alcaldes y gobernadores por 4 años, y alargar dicho periodo sería inconstitucional". (Le puede interesar: "Los retos a los que se enfrenta la bancada de oposición")