[Foto: Semana ]
[29 Sept 2016]
Negación y oposición ha recibido la más reciente medida anunciada por el alcalde Enrique Peñalosa de vender el 20% de las acciones de la Empresa de Energía de Bogotá, por parte de diversos sectores como el Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia quienes aseguran que no es aceptable que se privaticen bienes estatales sobre todo cuando generan utilidades de \$1.4 billones para el distrito, como es el caso de esta empresa.
Pablo Santos, presidente de Sintraelecol asegura que la Empresa de Energía de Bogotá es altamente rentable gracias a que ha sido muy bien administrada durante los últimos cinco años, razón por la que se rechaza la pretensión del alcalde capitalino de invertir los \$3.5 billones de la venta de las acciones en la construcción de vías en la [Reserva Tomas Van der Hammen].
Para el líder no es acertado que el distrito renuncie de manera permanente a un porcentaje importante de las utilidades de la empresa y mucho menos cuando lo que pretende es construir las avenidas Longitudinal de Occidente; Suba-Cota; Ciudad De Cali; Boyacá; Laureano Gómez; Alberto Lleras Camargo; El Polo; Arrayanes; El Jardín y Guaymaral, en las 1.400 hectáreas de la Reserva, entre otras porque este espacio [garantiza la conectividad ecológica de la capital].
El que la Empresa de Energía de Bogotá sea la propietaria del 51% de Condensa y Emgesa, es otra de las razones por las que el Sindicato se opone a la venta de parte de sus acciones, pues su porcentaje en estas dos empresas también se vería afectado, así como las inversiones en temas de infraestructura y educación, teniendo en cuenta que el 76% de las utilidades de la EEB ayudan a la financiación de obras de inversión social.
Las privatizaciones lo único que dejan es miseria, desfinanciación y más impuestos, afirma el sindicalista quien agrega que la Empresa de Energía de Bogotá no le pertenece a la alcaldía de la capital, sino a todos los bogotanos a quienes convoca a hacer parte de las diversas actividades que se pondrán en marcha para detener la enajenación, como la presión que se ejercerá en el Concejo de Bogotá.
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